Tenso pleno del mes de marzo el que se ha vivido en el Ayuntamiento de Santa Pola. El equipo de gobierno ha presentado una moción para pedir que cualquier concejal investigado, lo que antes era imputado, deje su acta de concejal. En el segundo punto se indica que si hay algún diputado de Santa Pola en esa situación también abandone la institución provincial y que se le retiren las "atribuciones/competencias".
Aunque en la moción no se especifica ningún nombre, todo el debate se
ha centrado en el ex alcalde, Miguel Zaragoza, que está inmerso en una
denuncia por ruidos en un local de ocio junto a la zona del Cabo.
Ha habido un intenso debate en el que se ha hecho referencia a declaraciones de la actual diputada nacional, Loreto Cascales, o del anterior presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre la "línea roja" y la imposibilidad de que hubiera imputados en las listas electorales.
Desde el equipo de gobierno han insistido en que cuando se celebraron las elecciones del mes de mayo pasado, Miguel Zaragoza ya estaba imputado, ya que se le acusa de "prevaricación ambiental".
Desde el equipo de gobierno indican que el Ayuntamiento deberá pagar 60.000 euros por ese delito.
Zaragoza ha evitado dar explicaciones en el debate y cuando se le ha preguntado por parte de Radio Elche SER en el turno de intervenciones que siempre hay al final de cada pleno.
El resultado final de la votación ha sido a favor todos los miembros del equipo de gobierno (PSOE, Compromís, Sí Se Puede Santa Pola, Esquerra Unida y los dos concejales no adscritos), más la concejala de Ciudadanos. La sorpresa ha sido que no todos los concejales del PP han votado en contra, sino que ha habido dos abstenciones, las de Lola Gadea y José Pedro Martínez.
Ha habido un intenso debate en el que se ha hecho referencia a declaraciones de la actual diputada nacional, Loreto Cascales, o del anterior presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre la "línea roja" y la imposibilidad de que hubiera imputados en las listas electorales.
Desde el equipo de gobierno han insistido en que cuando se celebraron las elecciones del mes de mayo pasado, Miguel Zaragoza ya estaba imputado, ya que se le acusa de "prevaricación ambiental".
Desde el equipo de gobierno indican que el Ayuntamiento deberá pagar 60.000 euros por ese delito.
Zaragoza ha evitado dar explicaciones en el debate y cuando se le ha preguntado por parte de Radio Elche SER en el turno de intervenciones que siempre hay al final de cada pleno.
El resultado final de la votación ha sido a favor todos los miembros del equipo de gobierno (PSOE, Compromís, Sí Se Puede Santa Pola, Esquerra Unida y los dos concejales no adscritos), más la concejala de Ciudadanos. La sorpresa ha sido que no todos los concejales del PP han votado en contra, sino que ha habido dos abstenciones, las de Lola Gadea y José Pedro Martínez.