EL MUNDO
Los placeros, que 'resisten' en el viejo edificio, tratan de revertir una sentencia del TSJCV contra la que interpusieron recurso
El Consell Juridic Consultiu avala la legalidad de la adjudicación del nuevo mercado.
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso presentado por los placeros que permanecen en el viejo Mercado de Central contra la aprobación del Proyecto de Reforma Interior (PRI) a partir del que se proyectó la construcción del nuevo mercado de abastos, que quedó adjudicado por el PP a finales del pasado mandato.
Los placeros que no se sumaron al proyecto adjudicado y que permanecen en el interior del viejo mercado central, insisten en plantear la nulidad de ese PRI y el Supremo ha admitido a trámite su recurso, de modo que mantienen abierta una puerta para tratar de evitar su desalojo de unos puestos cuyas concesiones, insisten los afectados, están en vigor y al día en el pago de las cuotas correspondientes. Los placeros que resisten en el Mercado Central sostienen que a esas concesiones tienen por delante décadas de vigencia y, por ello, consideran no se les puede echar del edificio donde continúan ejerciendo su actividad comercial.
Ahora habrá que comprobar en qué medida afecta a la ejecución del proyecto adjudicado, la admisión a trámite por parte del TS del recurso contra el PRI del Mercado Central, a favor del que ya se expresó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCJV), resolución contra la que los placeros interpusieron el recurso que se ha admitido a trámite.
La admisión a trámite de ese recurso por parte del Tribunal Supremo trascendió este viernes coincidiendo en el tiempo con el anuncio por parte de la Junta de Gobierno Local de la recepción de un informe del Consell Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana (CJCCV) que valida la legalidad de que la empresa Aparcisa -adjudicataria del proyecto- se quede con la propiedad de dos plantas subterráneas del aparcamiento proyectado en el nuevo mercado una vez que expire la concesión administrativa para su explotación.
Ese informe concluye que en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, es posible «una reversión parcial» de bienes patrimoniales «entregados como medio de pago en especie» de las obras objeto del contrato.
Paralelamente al conocimiento de esa resolución del CJCCV el equipo de Gobierno (PSOE, Compromís per Elx y Partido de Elche) informó que el Defensor del Pueblo ha pedido al Ayuntamiento de Elche información relativa a la tramitación para la implantación del mercado provisional en la Avenida Comunidad Valenciana, en base a la apertura de oficio de una investigación para aclarar la legalidad de esa actuación.
El tripartito aseguró que la titular de la citada institución, Soledad Becerril, discute incluso el carácter temporal del edificio de mercado provisional, considerando factible que el ayuntamiento pudiera haber actuado irregularmente al no conceder licencia para su instalación. También pone en duda la Defensora del Pueblo que la ubicación de ese mercado provisional cumpla el ordenamiento urbanístico vigente en la ciudad.
Desalojo
Las tres formaciones políticas criticaron durante su etapa en la oposición municipal que esa ubicación era contraria al Plan General de Elche pero se encontraron el mercado provisional instalado en ese lugar y en funcionamiento: «Más allá de colaborar con el Defensor del Pueblo, no vamos a tomar ninguna decisión que pueda perjudicar a personas que no tienen nada que ver con la negligente actuación del PP», afirmó Mireia Mollà, portavoz de Compromís per Elx, al tiempo que el edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez (PSOE) avanzó que se va a trabajar por encontrar el «consenso» con los 14 placeros que no se sumaron al proyecto adjudicado y que permanecen en el edificio del viejo mercado a fin de lograr que desalojen el edificio e iniciar las excavaciones.
